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14-11-2012
Las reformas propuestas a la Ley Federal del Trabajo de México están provocando un intenso debate, protestas masivas y alianzas cambiantes entre los partidos políticos mexicanos.
Si se aprueba la reforma a la ley, presentada por el presidente panista saliente Felipe Calderón, con el apoyo del gobierno electo del PRI, afectaría los derechos de las y los trabajadores y la seguridad en el empleo.
Las reformas debilitarían los derechos de antigüedad de las trabajadoras(es), y permitiría a los empleadores pagar por hora en lugar de por día, como es el requerimiento actual. También eliminaría restricciones a la contratación externa de personal (outsourcing), incluyendo la subcontratación de este servicio y el uso de agencias de contratación.
Además, el pago de salarios caídos a las trabajadoras(es) despedidas injustificadamente estaría limitado a un año, alentando así que los empleadores demoren los casos legales por este tipo de despidos aún más de lo que ya lo hacen.
La versión original del proyecto de ley también incluye algunas reformas positivas que harían más transparentes y responsables a los sindicatos mexicanos ante los trabajadores, incluyendo disposiciones para que los representantes sindicales sean elegidos por voto secreto, que los trabajadores(as) tengan derecho a votar sobre los contratos colectivos de trabajo antes de que se firmen, y que esos contratos se hagan públicos.
Sin embargo, estas reformas democráticas fueron eliminadas del proyecto durante su discusión en el Congreso, con el fin de ganar el apoyo del PRI y de los “sindicatos oficiales” afiliados a ese partido.
El proyecto modificado fue aprobado rápidamente en la Cámara de Diputados de México donde el PRI tiene mayoría. Sin embargo las cosas se pusieron más interesantes cuando el proyecto de reforma fue debatido en el Senado, donde una alianza del partido de derecha, Acción Nacional, y tres partidos de izquierda tuvieron éxito en volver a incluir los artículos que contenían reformas democráticas antes de su aprobación.
Las alianzas volvieron a cambiar de nuevo cuando la propuesta fue enviada de vuelta a la cámara de diputados, y el PAN acordó eliminar los artículos que promovían la democracia sindical, logrando que pasaran las disposiciones menos favorables para los y las trabajadoras.
Mientras tanto, una alianza de sindicatos independientes, organizaciones de la sociedad civil, e incluso algunos sindicatos oficiales, siguen movilizándose en oposición a estas reformas regresivas.