05-09-2012

Enfrentados a un hostigamiento permanente, ataques físicos y amenazas de muerte, las amigas y amigos de largo tiempo de la RSM del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) en Puebla, México, se vieron obligados a cerrar su oficina y suspender su trabajo de apoyo a las trabajadoras(es) de las maquiladoras del Estado de Puebla.

La decisión se tomó luego de otra ronda de amenazas y ataques a miembros del CAT. El 15 de mayo, José Enrique Morales Montaño fue desparecido de manera forzosa por desconocidos, retenido a punta de pistola por más de 17 horas, torturado y amenazado de muerte.

Arriba: Alejandra Ancheíta, Directora de ProDESC, y Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACDH), hablan a una rueda de prensa sobre el CAT

Poco después de la liberación de Morales Montaño, la Directora Ejecutiva del CAT, Blanca Velázquez, recibió amenazas de muerte desde el celular de Morales Montaño, que había sido robado por sus atacantes.

El secuestro y las amenazas de muerte fueron los últimos sucesos de una serie de incidentes que coincidieron con campañas en las que el CAT asesoró y apoyó a trabajadoras(es) de la maquila que intentaban formar sindicatos independientes.

En diciembre de 2010, personas desconocidas entraron a la oficina del CAT, robaron sus computadoras y escribieron amenazas en las paredes. El robo fue en momentos en que el CAT estaba apoyando a trabajadoras(es) en sus esfuerzos de organizar un sindicato independiente en la planta de autopartes Johnson Controls Interiores (JCI), de propiedad estadounidense.

En julio de 2011, después que las trabajadoras(es) de JCI hubieran logrado el derecho a ser representadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Los Mineros), un sindicato independiente, y negociado su primer contrato colectivo de trabajo, Luis Espinosa, presidente de la asociación de manufactureras del estado (CANACINTRA), calificó públicamente al CAT como “un peligro para Puebla” que trabajaba “para desestabilizar a las empresas.”

En respuesta a las acusaciones, el presidente de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), Jyrki Raina, acusó a Espinosa de “generar un clima de terror y violencia contra los activistas del CAT.”

En marzo de 2012, Johnson Controls cerró su planta Interiores, quitándose así de encima al sindicato independiente. El 12 de abril de 2012, el secretario general en el Estado de Puebla del mayor sindicato “oficial” del país, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y presidente del Comité Laboral y de Bienestar Social de la Cámara de Diputados mexicana, Leobardo Soto Martínez, declaró públicamente: “No permitiremos [al CAT] que se inmiscuya en la vida de los sindicatos y las empresas del estado… Defenderemos las empresas donde tengamos contratos colectivos de trabajo sin importar el costo, incluso si hay violencia.”

Durante esta terrible experiencia, el CAT tuvo el apoyo de organizaciones aliadas mexicanas e internacionales, incluyendo ProDESC, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, PODER, Los Mineros, USLEAP, la FITIM, el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, sindicatos estadounidenses y canadienses, Amnistía Internacional, la Campaña Ropa Limpia y la RSM.

En 2011, ProDESC y el CAT, con el apoyo de sus aliados internacionales, tuvieron éxito en conseguir que el gobierno mexicano otorgara medidas cautelares para proteger a las y los miembros del CAT. Sin embargo, en abril de 2012, un mes antes del secuestro de Morales Montaño, esas medidas fueron suspendidas sin explicación. El CAT y ProDESC continúan trabajando para asegurar que se restauren dichas medidas de protección.

La campaña internacional exige al gobierno mexicano que investigue todos los actos de violencia contra el CAT desde 2010, que identifique y juzgue a los responsables, y que garantice la vida e integridad física y sicológica de las y los defensores de los derechos humanos y laborales en la continuidad de su trabajo esencial, de capacitar y apoyar a las trabajadoras(es) que quieren formar o unirse a sindicatos independientes en México.