El 29 de diciembre de 2005, Martín Barrios Hernández, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan (CDHLVT), fue arrestado por la división inteligencia de la policía estatal de Puebla y transportado desde su ciudad de residencia, Tehuacan, a la capital del Estado de Puebla, siendo encerrado en la prisión estatal.

Barrios fue acusado de chantaje, en base a una acusación presentada por el propietario maquilero de Tehuacán Lucio Gil Zárate. En México no hay posibilidad de libertad bajo fianza cuando la acusación es de chantaje, y un veredicto de culpabilidad habría resultado en una pena de prisión de 2 a 10 años.

La Red de Solidaridad de la Maquila inmediatamente lanzó una campaña internacional por su libertad y para protegerle de más acoso e intimidación.

Según Barrios, la acusación era completamente infundada, dado que estaba participando en una asamblea en una iglesia local en la fecha y hora en que se lo acusó de intentar chantajear a Gil.

El único contacto de Barrios con la empresa de Gil fue en cumplimiento con sus responsabilidades como defensor de los derechos humanos en relación al pago de la indemnización adeudada a 163 trabajadores despedidos injustamente por Gil. Barrios y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y Laborales habían dado asesoramiento y asistencia a trabajadores empleados en la maquiladora Calidad de Confecciones, cuyo propietario es el Sr. Gil.

Barrios con su familia y sus partidarios.

El 12 de enero de 2006, Barrios fue liberado inesperadamente de la prisión, diciéndole las autoridades estatales que Lucio Gil Zárate había accedido a "perdonarle". Según Barrios, su liberación fue resultado de la enorme presión local, nacional e internacional sobre las autoridades estatales y no la buena voluntad de dichas autoridades o del acusador.

Barrios fue literalmente echado de la cárcel después que el propietario maquilero Gil Zárate fue "obligado" por el gobierno de Puebla a "perdonar" a Barrios. Barrios se negó a firmar el documento de su liberación, porque aceptar el "perdón" habría significado que era culpable de un delito que jamás cometió. No se le permitió contactar a su abogado y fue escoltado fuera de la prisión por una docena de guardias.

A su salida de la prisión, Barrios fue recibido por simpatizantes que habían estado esperando por horas fuera de la prisión el permiso para visitarle, incluyendo miembros de su familia, colegas de la Comisión, ex trabajadores de la fábrica Calidad en Confecciones, cuyo dueño había acusado a Barrios, y la coordinadora de la RSM Lynda Yanz.

Cuando Barrios fue liberado, miembros de la Comisión advirtieron que los propietarios maquileros de Tehuacán estaban enojados por la decisión del gobierno del Estado de ceder a la presión pública y liberar a Barrios, y expresaron su preocupación por la seguridad de Barrios, su familia y sus compañeros de trabajo.

El 12 de febrero de 2006, Barrios recibió advertencias separadas pero idénticas de dos fuentes confiables. Se le dijo que un propietario maquilero local había contratado a alguien para matarle.

Marcos (delegado Zero) y Martín Barrios en Altepexi el 12 de Febrero. Foto gracias a José Castañares de La Jornada del Oriente, Febrero 13

Las advertencias fueron el mismo día en que el líder zapatista subcomandante Marcos (ahora conocido como delegado Cero) pronunciara un discurso en la cercana comunidad de Altepexi , condenando al gobernador estatal y a los propietarios maquileros por el arbitrario arresto y detención de Barrios, y por explotar a los trabajadores de la maquila. Las advertencias se dieron también en medio de un escándalo nacional al hacerse públicas evidencias concluyentes vinculando al gobernador del Estado de Puebla y un importante fabricante de jeans en un complot para arrestar y violar a una conocida periodista y defensora de los derechos humanos, Lydia Cacho.

El 21 de febrero de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a Martín Barrios, su familia y miembros de la CDHLVT. La CIDH pidió a la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que se hiciera cargo de su implementación.

El 6 de marzo, miembros de la Comisión asistieron a una reunión con el Secretario de Gobierno, con la participación del Centro Mexicano de Derechos Humanos "Miguel Austín Pro Juárez" y representantes del gobierno de Puebla, la Policía Federal y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la reunión, la Comisión requirió que la seguridad de sus miembros no fuera asegurada por organismos policiales estatales o municipales sino directamente por el gobierno federal.

Las autoridades federales acordaron proveer teléfonos celulares al personal de la Comisión e instalar una cámara de seguridad en la entrada de la casa de Martín. También se acordó que la policía federal tendría una presencia "continua" afuera de sus casas y los acompañaría si tuvieran que salir del área de Tehuacán. Según la Comisión, sin embargo, en realidad la presencia de la policía federal fue muy limitada.

El 21 de marzo de 2006, a pedido de la RSM, seis marcas internacionales - American Eagle Outfitters, Gap Inc., Levi Strauss, PvH, Polo Ralph Lauren y Warnaco - que compran productos de indumentaria en el Estado de Puebla, instaron al gobernador del Estado Mario Marín Torres a dar los pasos necesarios para asegurar la seguridad física de Martín Barrios y los miembros de la Comisión.