05-09-2012

¿Debe hacerse responsable a adidas cuando una fábrica que producía sus artículos cierra y el dueño se va del país sin pagar a las trabajadoras(es) su indemnización legal? Los grupos de derechos laborales dicen que sí. Adidas dice que no. Pero sorprendentemente, en un cierre controvertido de una fábrica en Indonesia, otras dos grandes marcas rompieron filas y contribuyeron al pago de las indemnizaciones de las trabajadoras(es).

La fábrica PT Kizone, en Indonesia, cerró a principios de 2011 y su dueño se fue del país, dejando a 2,686 trabajadoras(es) sin empleos y sin pagar US$ 3.4 millones en indemnizaciones obligatorias por ley. Desde entonces, tanto Nike como Dallas Cowboys Merchandising, para quienes la fábrica también producía artículos, aportaron fondos para el pago a las trabajadoras(es) quedando todavía una deuda de US$1.8 millones. La marca adidas, sin embargo, se negó a unirse a las otras dos marcas  clientes de PT Kizone y aportar fondos para las trabajadoras(es).

En una declaración a los medios, en febrero de 2012, adidas declaró: “No podemos asumir, o aceptar, la responsabilidad por la indemnización adeudada por el ex dueño de PT Kizone, quien violó la ley indonesia y se fue. Cumplir con la ley es central para una empresa sustentable y no se nos puede hacer responsables por algún otro que violó la ley.”

Los defensores de derechos laborales no están de acuerdo con esta posición. La Campaña Ropa Limpia (CCC por sus siglas en inglés) y el Consorcio por los Derechos de los Trabajadores (WRC por sus siglas en inglés) ambos señalan que en sus numerosos contratos de licencias con universidades estadounidenses adidas acepta la responsabilidad de asegurar que sus proveedores respeten las leyes locales y los estándares laborales internacionales.

Como dice el WRC, dichos contratos “no hacen distinción entre violaciones que pueden ser remediadas con un costo económico pequeño o nulo y aquellas, como las violaciones de PT Kizone, donde la remediación requiere que alguien pague. Entendemos por qué adidas quiere distinguir entre violaciones que puede corregir sin incurrir en gastos y violaciones donde la remediación puede implicarle un costo, pero los códigos de conducta universitarios no contemplan esta dicotomía.”

Adidas responde que ha dado vales de despensa a las trabajadoras(es), que ha presionado al gobierno para evitar que los propietarios extranjeros evadan la ley y que está discutiendo la posibilidad de que exista un fondo de beneficios para las trabajadoras(es) para hacer frente a este tipo de casos en el futuro. También mencionó que ha tomado medidas para ayudar a las trabajadoras(es) de PT Kizone a encontrar un nuevo empleo. Sin embargo, aun cuando esto ha sido un éxito, muchos de esos trabajos estaban muy lejos de donde viven las trabajadoras(es), y tomaron la forma de empleos bajo  contratos de corto plazo en lugar de por tiempo indeterminado como los que tenían en PT Kizone.

Más aún, como lo señala el WRC, “programas de contratación, aun cuando puedan ser de beneficio significativo para las trabajadoras(es), no constituyen un remedio verdadero en casos de violaciones por indemnizaciones no pagadas porque no aportan nada  para asegurar que las trabajadoras(es) reciban algo de los fondos a los que tienen derecho legal por el trabajo que ya han realizado.”

Un debate en curso

El debate sobre la responsabilidad económica que tienen las marcas ha surgido repetidamente ante los casos de cierres irresponsables de fábricas. Inicialmente, las marcas eran uniformemente reacias a involucrarse cuando sus proveedores no cumplían sus obligaciones legales de pago de indemnizaciones y salarios adeudados.

En este debate las empresas argumentan que estar de acuerdo en asumir las obligaciones económicas de un proveedor para con las trabajadoras(es) crearía un “riesgo moral”, llevando a que los dueños se fugaran sabiendo que las marcas pagarían sus deudas.
Los defensores de derechos laborales responden que entonces no se debería permitir que las marcas obtuvieran ganancias de los bajos precios que le pagan a una fábrica mientras las obligaciones económicas con las trabajadoras(es) no estén financieramente aseguradas.

Requerir que haya una responsabilidad compartida motivaría a las marcas a que se conduzcan con la debida diligencia para asegurar que los proveedores paguen las indemnizaciones y otras prestaciones legales.

Una grieta en el muro

Con la presión suficiente, la renuencia de las marcas en aceptar una responsabilidad compartida, cuando las fábricas cierran, fue superada en algunos pocos casos específicos.

En 2010, enfrentando una creciente campaña, liderada por estudiantes en los EEUU, Nike firmó un acuerdo con la Central General de Trabajadores (CGT) de Honduras para aportar un fondo de apoyo equivalente a US$ 1.5 millones, para un grupo de trabajadoras(es) hondureñas que quedaron sin empleo por el cierre  de dos fábricas proveedoras de Nike en ese país.

Aunque la empresa se esforzó en decir que Nike en realidad no estaba “compensando” a las trabajadoras(es), el dinero tuvo el efecto y se utilizó para cubrir el 80% de lo que se les debía a las trabajadoras(es) por los cierres.

En otros casos similares más recientes, Nike ya no hizo énfasis en esta distinción de si era un pago o un apoyo. En 2011, Nike ofreció compensar parcialmente a trabajadoras(es) por pagos de indemnizaciones adeudadas en otra fábrica  en Indonesia, llamada PT Dong One (aunque la fábrica luego fue reabierta y las trabajadoras(es) vueltas a contratar).

El pago de Nike a las trabajadoras(es) del caso más reciente en PT Kizone estuvo explícitamente basado en cálculos de los adeudos por indemnización en proporción al porcentaje de producción que Nike compartía del total de producción de la planta.
Grados de responsabilidad

Aunque todas las partes están de acuerdo en que las trabajadoras(es) deben recibir al menos aquello a lo que tienen derecho por ley, en casos de cierres de fábricas, surgen diferencias sobre el grado de responsabilidad que tienen las diversas marcas compradoras que se aprovisionan en tales fábricas.

Aun cuando al WRC le pareció bien la contribución de Nike en los casos de Indonesia, criticó la idea de que pagara sólo un porcentaje de la indemnización en base a la parte proporcional que compartía de la producción de la empresa.

“En un caso donde una fábrica hubiera despedido ilegalmente a diez trabajadoras(es),” dijo el WRC, “no aceptaríamos el argumento de un licenciatario (la marca) de que dado que representa el 40% de las ventas de la fábrica, es sólo responsable por asegurar la reinstalación de cuatro de las diez trabajadoras(es).”

En el caso de PT Kizone, adidas hizo hincapié en que su última orden de compra fue hecha más de seis meses antes de que la fábrica cerrara. La CCC respondió que la producción para adidas continuó hasta noviembre de 2010, cuando la falta de pago de indemnizaciones ya se había dado en la fábrica.

Más aún, las indemnizaciones son ganadas por las trabajadoras(es) a lo largo de años de servicios, no sólo por el último día de trabajo. Adidas, dijeron, tenía el deber de asegurar que estas obligaciones estuvieran debidamente soportadas financieramente mientras estaban presentes produciendo en esa fábrica.

Además, permitirle a una marca que evite la responsabilidad por el pago de indemnizaciones, porque dejaron la fábrica unos meses antes de que cerrara, sería alentar a las marcas a dejar fábricas a la primera señal de que estuvieran en dificultades, no sólo eludiendo la responsabilidad por la indemnización de las trabajadoras(es) sino también, de manera perversa, aumentando la posibilidad del cierre.

Manteniendo el enfoque en las trabajadoras(es)

A final de cuentas, el enfoque tiene que ser el de asegurar que las trabajadoras(es) reciban aquello a lo que tienen derecho, hasta el último centavo que se les adeude, no importando quién tenga que pagar la cuenta. Aceptar algo menos es penalizar a aquellas(os) que se encuentran en lo más bajo de la cadena de proveedores, aquellas que menos pueden soportar el riesgo de la falta de pago.

Se trata de un mensaje que empresas como adidas están escuchando cada vez más de sus consumidores, y recientemente de universidades con las que tienen lucrativos contratos de licencias. En julio, la Universidad de Wisconsin presentó una demanda judicial contra adidas, argumentando que la falla en pagar la  indemnización a las trabajadoras(es) constituyó un incumplimiento de las condiciones de su contrato de licenciatario con la universidad, que incluye el acuerdo de asegurar que a las trabajadoras(es) que fabrican confecciones con la marca U de W se les paguen todos los beneficios establecidos por la ley.

Aunque no ha habido todavía una audiencia en el caso, es un indicio de que los argumentos de las marcas contra la responsabilidad conjunta puede ser que ya no les estén sirviendo para protegerlas de no asumir sus responsabilidades para con las trabajadoras(es) cuando sus fábricas proveedoras cierran.