23-02-2010

El rostro del nuevo presidente de Honduras puede haber cambiado, pero la impunidad y las políticas represivas del anterior gobierno de facto continúan.

Porfirio Lobo asumió el 27 de enero, después de ganar una elección en la cual no votó la mitad de los electores con posibilidad de hacerlo. El Frente Nacional de Resistencia Popular llamó a un boicot, y la mayoría de los gobiernos del hemisferio se negaron a apoyar las elecciones porque fueron realizadas bajo un gobierno instalado por un golpe militar, en junio de 2009.

Lobo prometió formar un gobierno de "unidad y reconciliación nacional" que terminaría con meses de violencia y una crisis política que había paralizado al país desde el golpe. Desde que asumió su cargo, sin embargo, ha demostrado poco interés en reconciliarse con el depuesto presidente Manuel Zelaya o el Frente Nacional, que se movilizó en oposición al gobierno del golpe.

Vanessa Yamileth Zepeda, union leader, mother and nurse assassinated in Honduras

De hecho, Lobo pareciera estar más preocupado en proteger a aquellos que perpetraron el golpe que en tratar con los serios crímenes y violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el régimen de facto de Roberto Micheletti.

En el día de su toma de posesión, aunque instaba a los hondureños a "olvidar el pasado," Lobo firmó un decreto de amnistía que dejó impunes a los autores del golpe. Aunque Zelaya también fue incluido en la amnistía, enfrentaría cargos de corrupción si decidiera volver a Honduras de su exilio en la República Dominicana. Zelaya aceptó su salida del país  el día en que Lobo tomó posesión, para terminar con sus meses de refugio en la embajada brasileña.

En un comunicado de prensa, en febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó "su preocupación con respecto a la ambigüedad del decreto de amnistía," dejando entrever que el Estado podría usarlo como una excusa para no investigar los abusos a los derechos humanos que ocurrieron en los meses posteriores al golpe.

Más aún, la Suprema Corte de Honduras ya había absuelto a varios altos oficiales militares - incluyendo al jefe de las fuerzas armadas, General Romeo Vázquez Velázquez - de cargos relacionados con el golpe. Y unos pocos días antes de que Lobo asumiera, el presidente de facto, Roberto Micheletti, fue nombrado congresista de por vida por el Congreso Hondureño junto con varios otros funcionarios del gobierno de facto.

De mayor preocupación aún son los informes de que la represión y la violencia contra los miembros de la resistencia continúan, e incluso siguen escalando, bajo el gobierno de Lobo.

El 4 de febrero, Vanessa Zepeda de 29 años, miembro del Sindicato del Seguro Social y activa en la resistencia, fue encontrada muerta después de que arrojaron su cuerpo desde un vehículo en la capital del país, Tegucigalpa. Se había informado que Zepeda había recibido amenazas de muerte relacionadas con su participación en la resistencia.

Dos días antes, dos operadores de cámaras de TV Globo de Honduras, que habían acompañado a Zelaya en la embajada brasileña, fueron secuestrados por personas vestidas de civil que se identificaron como policías. Fueron atados, golpeados y amenazados mientras se les interrogaba sobre posesión y localización de armas.

Desafortunadamente Lobo ha fallado en denunciar éstos y otros crímenes o en tomar una posición firme contra mayores abusos a los derechos humanos bajo su gobierno. Tampoco la comunidad internacional ha puesto la presión suficiente sobre Lobo para que trate con los abusos desde el golpe.

En su lugar, hay señales de que algunos países están comenzando a normalizar sus relaciones con Honduras. Aunque sólo los EE. UU., Canadá y algunos otros países han reconocido las elecciones que llevaron a Lobo al poder, algunas naciones han comenzado a desplegar de nuevo a sus embajadores, y algo de la ayuda que había sido suspendida se ha reiniciado.

Como parte de su plan, para lograr recuperar el apoyo internacional hacia Honduras, Lobo ha querido demostrar que está cumpliendo al menos en letra, mas no tanto con su espíritu, con el Acuerdo de San José-Tegucigalpa, de octubre de 2009, el cual intentaba superar la crisis. Uno de los términos del Acuerdo fue el establecimiento de una Comisión de la Verdad. Lobo, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha comenzado a establecer esta Comisión y ha nombrado a Eduardo Stein, ex vicepresidente guatemalteco, para encabezarla.

Pero esta Comisión de la Verdad ha sido denunciada con firmeza por la resistencia, que la ve como un mero intento de Lobo para lavar las manos de su gobierno. Según la resistencia, Lobo no ha mostrado disposición al diálogo o a dar participación a la resistencia en el proceso, y en lugar de investigar los abusos pasados y poner fin a la violencia actual, ha elegido perdonar a muchos de los responsables.

Como lo declara el Comité por los Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en un comunicado del 5 de febrero, "El terrorismo de Estado, implementado desde el 28 de junio en contra del pueblo hondureño, continúa con crímenes selectivos, persecución política y otras violaciones a los derechos humanos, en contradicción directa con las promesas de reconciliación y la creación de la Comisión de la Verdad."

Y según un informe de Amnistía Internacional, de enero de 2010, sobre las violaciones ocurridas desde el golpe, "Si el presidente Lobo quiere restaurar la vigencia de la ley y la confianza en su gobierno, debe asegurar que se trate con los abusos de los últimos siete meses con rapidez y efectividad."

Mientras tanto, el Frente Nacional de Resistencia Popular, que se formó para resistir al golpe, sigue movilizándose y rechazando la administración de Lobo como una continuidad del gobierno de facto.  Tienen programado eligir delegados de los distintos municipios y departamentos del país para realizar su primera Asamblea Nacional en septiembre.

• Leer el comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
• Leer el informe de Amnistía Internacional sobre Honduras