24-04-2009

Las autoridades de Las Filipinas están abusando del sistema legal como una forma de reprimir los derechos de las y los trabajadores. Un nuevo caso judicial, en contra 33 activistas de derechos laborales y trabajadores de fábricas, está políticamente motivado y apunta a buscar suprimir los derechos laborales en el país.

Las y los trabajadores, la mayoría de los cuales son mujeres, son dirigentes y miembros de los dos sindicatos activos en la industria de la confección en la provincia de Cavite, al sur de la capital Manila.
Los acusados estuvieron involucrados en una huelga en las fábricas Chong Won y Phils Jeon, en Septiembre de 2006, en protesta contra las respectivas gerencias de las fábricas por su negativa a negociar un contrato colectivo con los sindicatos. Dos días después, los huelguistas pacíficos fueron dispersados violentamente por fuerzas policiales locales y agentes de una empresa de seguridad privada, que los atacaron con palos y otros instrumentos de ese tipo, lesionando a decenas de ellos.

A pesar de la continua violencia, las y los trabajadores persistieron durante diez meses antes de que un grupo de hombres uniformados y enmascarados entraran a la fábrica, fuertemente custodiada, y amenazaran de muerte a algunos de los huelguistas.

Apoyo de la RSM

Simpatizantes de la RSM realizaron campañas activas en apoyo de las y los trabajadores de Chong Won durante la prolongada huelga, convenciendo a Wal-Mart, el mayor comprador de la fábrica, para que exigiera el respeto por los derechos sindicales de los trabajadores como condición para futuros negocios. La huelga terminó en 2007, sin embargo, fue cuando también los dueños prefirieron cerrar la fábrica definitivamente  antes que reconocer al sindicato.

Nuevas amenazas a activistas laborales

En respuesta a la violencia contra los huelguistas, los dos sindicatos presentaron acusaciones penales contra la policía y los guardias de seguridad. Al mismo tiempo, la policía también presentó acusaciones penales contra los 33 activistas, acusándoles de violencia por el mismo incidente. Aunque el caso contra la policía sigue bajo investigación por parte del fiscal de la provincia de Cavite, la misma autoridad emitió recientemente órdenes de arresto en contra de las y los trabajadores sindicalizados.

Las órdenes de arresto se dan en un momento en que el sistema judicial filipino pareciera estar siendo usado cada vez más por las autoridades como un instrumento para eliminar el disenso. La comunidad internacional actualmente está presionando al gobierno a actuar contra la gran cantidad de muertes extrajudiciales de disidentes políticos. Las autoridades, especialmente elementos de las fuerzas militares y policiales, son vistas ampliamente como ser las que están detrás de estos asesinatos. Parece que las autoridades han cambiado de tácticas ahora, y están comenzando a utilizar el sistema judicial para frenar el disenso, como lo hicieron en el caso del abogado y activista de derechos laborales Remigio Saladero Jr., quien actualmente enfrenta el arresto por una acusación de asesinato que es también considerada como haber sido fraguada por las autoridades.

Presión para la acción

En Canadá, diez organizaciones laborales, religiosas y no gubernamentales enviaron una carta al gobierno filipino, con copias a la embajada canadiense en Las Filipinas, funcionarios comerciales canadienses y la OIT pidiendo a la Presidenta de Las Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, que asegure:

1.    Que todas las acusaciones contra los 33 activistas sean retiradas de inmediato y que se llegue a un acuerdo sobre los reclamos de los miembros del sindicato contra sus empleadores;

2.    Que las fuerzas policiales y de seguridad privada, involucradas en la dispersión violenta de los piquetes y aquellos que causaron lesiones graves a los trabajadores en huelga, sean hechos responsables y enjuiciados debidamente;

3.    Que el gobierno de Las Filipinas respete y cumpla sus propias leyes laborales y de derechos humanos y las convenciones de la OIT; y

4.    La implementación de las recomendaciones del Comité sobre Libertad de Asociación de la OIT, en respuesta a un reclamo presentado por el sindicato KIilusang Mayo Uno en octubre de 2006, incluyendo permitir a una misión de alto nivel de la OIT visitar Las Filipinas para estudiar la situación laboral en ese país.

Leer la carta del Grupo de Acción en Comercio Ético al gobierno de Las Filipinas (inglés)

Leer la declaración de prensa del Centro de Asistencia al Trabajador (inglés)

Leer más sobre la huelga de Chong Won