26-11-2008

Un dictamen de la Corte de Apelaciones de la Provincia de Ontario, Canadá, emitida el 17 de noviembre de 2008, abre la puerta para que los trabajadores agrícolas de la provincia ejerciten su derecho constitucional de negociar colectivamente. La Corte sostuvo que la Ley de Protección de los Empleados Agrícolas no era suficiente para proteger los derechos a la negociación colectiva de los trabajadores agrícolas según la Carta de Derechos y Libertades de Canadá y era por lo tanto inconstitucional. Se dio a la provincia un plazo de 12 meses para cambiar su legislación conforme a la decisión de la Corte.

El caso fue planteado por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio de Canadá, un sindicato que trató sin éxito de negociar en nombre de los trabajadores agrícolas, contra el Procurador General de la provincia y la Federación Agrícola de Ontario.

Los trabajadores agrícolas de Ontario han estado tradicionalmente excluidos de la Ley de Relaciones Laborales de la provincia, la cual da a otros trabajadores el derecho a formar sindicatos con el objetivo de negociar colectivamente con los empleadores. Algunas de las razones aducidas por esta exclusión son la importancia de proteger las granjas familiares, el carácter perecedero de los productos agrícolas, lo cual, se alega, hace a la industria especialmente vulnerable a paros laborales.

En 2001 la Corte Suprema de Justicia de Canadá dictaminó en Dunmore v. Ontario que los trabajadores tenían un derecho constitucional a organizarse y que la exclusión de los trabajadores agrícolas de la Ley de Relaciones Laborales violaba ese derecho. En respuesta al dictamen, la provincia de Ontario promulgó la Ley de Protección de Empleados Agrícolas en 2002, que da a los trabajadores agrícolas el derecho a formar asociaciones que podrían presentar sus inquietudes a los empleadores.

Pero a diferencia de la Ley de Relaciones Laborales, esta Ley de protección no impone a los propietarios de establecimientos agrícolas la obligación de negociar en buena fe con los sindicatos de trabajadores, ni tampoco contiene mecanismos para resolver conflictos cuando la negociación se estanca. Estas omisiones han impedido en forma efectiva que las asociaciones de trabajadores agrícolas puedan tener algún éxito en la negociación colectiva.

La situación estaba destinada a cambiar luego de una decisión de 2007 de la Corte Suprema en el caso de la Asociación de Negociación de Servicios y Apoyo de Salud contra la provincia de British Columbia. En ese caso la Corte Suprema sostuvo que no sólo el derecho a sindicalizarse estaba garantizado constitucionalmente en la Carta de Derechos y Libertades, sino también el derecho a desarrollar una negociación colectiva significativa.

En base a esta decisión de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Ontario derogó efectivamente la Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas y rechazó argumentos de que la legislación era crucial para proteger la producción agrícola y las granjas familiares. La Corte de Apelaciones no fue convencida de que las características singulares de la industria (es decir que se trataba de mercancías sensibles a tiempo, estacionales y perecederas) requería una protección especial, dado que la negociación colectiva había sido extendida a casi todas las otras clases de trabajadores en Ontario, incluyendo a aquellos en otras industrias que enfrentan problemas similares.

Información en inglés:
La decisión de la Corte de Apelaciones está completa en el sitio de la Corte.

Para mayor información sobre la lucha de los trabajadores agrícolas en la provincia de Ontario, ver el reciente artículo de opinión del diario Toronto Star: “Migrant workers reap bitter harvest in Ontario.”