22-05-2012

El Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), una ONG mexicana que defiende los derechos de los trabajadores en el estado de Puebla, ha sido objeto de acoso, asaltos y amenazas de muerte desde 2008. La RSM ha trabajado en estrecho contacto con el CAT durante varios años en casos en que se ha negado a los trabajadores su derecho legal a organizar sindicatos democráticos y a negociar colectivamente con sus empleadores.

En 2010, personas desconocidas robaron la oficina del CAT en Puebla dejando amenazas escritas en las paredes y robando sus computadoras. Desde entonces, miembros del CAT han sido asaltados físicamente y recibido amenazas de muerte por correo electrónico.

En respuesta a estas amenazas, la RSM y otros grupos internacionales y mexicanos de derechos humanos y laborales requirieron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla dispusieran medidas precautorias para la protección de los miembros del CAT en su trabajo. Ambas comisiones dispusieron estas medidas y la Comisión Estatal las implementó. Sin embargo, después de sólo 12 meses y sin ningún avance en las investigaciones de estas amenazas, la Comisión del Estado de Puebla suspendió las medidas unilateralmente y sin hacer el análisis de riesgo requerido que justificara tal decisión. Más aún, el 21 de marzo de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla se negó rotundamente a un pedido para revelar su análisis de riesgo. Al hacerlo, la Comisión del Estado de Puebla dejó a los defensores de derechos humanos del CAT en una situación vulnerable.

El CAT también ha sido objeto de una campaña de difamación por parte de voceros del gobierno y las empresas. El 27 de julio de 2011, el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Luis Espinosa Rueda, definió públicamente al CAT y a su líder, Blanca Velázquez, como "una amenaza para Puebla". Señaló que "este grupo sólo busca desestabilizar a las empresas, particularmente a las que tienen su casa matriz en los Estados Unidos."

El 12 de abril de 2012, el líder del mayor sindicato "oficial" de México, la Confederación Mexicana de Trabajadores (CTM) y Presidente del Comité de Trabajo y Bienestar Social de la Cámara de Diputados mexicana, Dip. Leobardo Soto Martínez, declaró públicamente que "en la medida en que la base trabajadora sea competitiva, no permitiremos que [el CAT] interfiera en la vida de los sindicatos y las empresas del estado sin las consecuencias que ello pueda generar." De manera similar, Soto Martínez amenazó con "defender las empresas donde tengamos contratos colectivos de trabajo sin importar el costo, aún si hay violencia. No perderemos contratos con empresas ni en Puebla ni en otras partes del país." En otras palabras, un diputado federal electo, a cargo del Comité de Trabajo del Congreso condona públicamente la violencia contra el CAR sólo un mes antes del ataque reciente.

La amenaza pública contra el CAT se da después que la manufacturera de autopartes Johnson Controls cerrara una fábrica en Puebla para deshacerse de un sindicato independiente que había sido elegido democráticamente por los trabajadores. El CAT había dado asesoramiento y apoyo a esos trabajadores.