01-11-2009

El 29 de septiembre finalizó una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a Las Filipinas, llevando esperanzas de que la atención internacional pueda ayudar a mitigar la ola de violencia e intimidación que ha sido lanzada sobre organizadores sindicales y defensores de los derechos humanos filipinos.

La violencia militar y policial contra los activistas laborales y de derechos humanos en el país y las acciones antisindicales de gobiernos locales y la justicia han alcanzado niveles preocupantes en los últimos años. Este año el Informe Anual sobre las violaciones de los derechos sindicales de la Confederación Sindical Internacional comienza identificando a Las Filipinas como un país "donde desgraciadamente han continuado produciéndose prácticas antisindicales graves," señalando que "la situación se ha deteriorado desde el informe del año anterior."

Organizaciones nacionales e internacionales de derechos laborales lograron finalmente en junio pasado quebrar el impasse en la OIT después de tres años de cabildear para llevar una misión de alto nivel de la OIT a Las Filipinas. La Misión de la OIThabía sido bloqueada previamente por el gobierno filipino, cuyo consentimiento era requerido bajo los protocolos de la OIT.

La Misión de la OIT, que comenzó su visita a Las Filipinas el 22 de septiembre, fue encargada de investigar los asesinatos de 92 dirigentes y activistas sindicales desde 2001. Al anunciar la investigación la OIT se refirió a "graves acusaciones de asesinatos de sindicalistas, amenazas de muerte, arrestos de dirigentes sindicales en conexión con sus actividades sindicales, impunidad extendida en relación a violencia en contra de los sindicalistas y la militarización de los lugares de trabajo en las zonas francas y las zonas económicas especiales."

Dirigentes sindicales de la organización Solidaridad con los Trabajadores de Cavite (SCW por sus siglas en inglés) se presentó ante la delegación de la OIT [vínculo en inglés] citando métodos violentos usados por las fuerzas de seguridad para hacer cumplir la política no escrita "No Sindicatos, No Huelgas" del gobierno del Estado en la Zona Franca de Cavite.

El 11 de diciembre de 2006, dos activistas de Solidaridad con los Trabajadores de Cavite fueron baleados por un asesino solitario fuera de las puertas de la fábrica Yazaki EMI donde trabajaban. Jesús Buth Servida fue muerto instantáneamente, y su compañero, Joel Sale, resultó herido. Según se informó el pistolero se fue tranquilamente de la escena del crimen.

SCW presentó también evidencia de secuestros de dos mujeres líderes sindicales, asaltos policiales sobre líneas de piquetes legales en fábricas de confecciones de la Zona Franca, cierres de fábricas en el medio de negociaciones colectivas, y desprestigio de sindicatos y dirigentes por parte de funcionarios del gobierno local.

Los asesinatos extrajudiciales de dirigentes sindicales han sido suplementados con acoso judicial a activistas laborales y de derechos humanos y a abogados laborales quienes han enfrentado repetidos arrestos y prisión bajo cargos infundados.

Aunque la Misión de la OIT es un paso positivo, queda mucho por hacer. El esfuerzo para exponer y condenar las violaciones a los derechos sindicales en el país debe ser respaldado por una mayor presión de gobiernos y empresas que hacen negocios en Las Filipinas.

En 2006 y 2007, a nuestra instancia, un grupo de grandes empresas de confecciones estadounidenses, incluyendo a Wal-Mart, American Eagle Outfitters, Liz Claiborne y Gap, se expresaron en contra de numerosos incidentes de violencia contra organizaciones sindicales y defensores de los derechos humanos, advirtiendo al gobierno de Las Filipinas que "de que estos incidentes parecieran ser parte de una pauta más amplia de acoso y violencia contra trabajadores, dirigentes laborales y promotores de los derechos humanos que podría desalentar a las empresas de realizar negocios en su país."

Sin embargo, las empresas canadienses - que son el segundo mayor grupo inversionista en el sector minero del país, después de Australia - han permanecido llamativamente silenciosos frente al aumento de abusos a los derechos humanos en el país. Tampoco se ha expresado el gobierno canadiense sobre la creciente represión a los dirigentes sindicales y defensores de los derechos humanos. Por el contrario, en julio de este año el gobierno canadiense dio la bienvenida a una misión comercial de Las Filipinas, poniendo en el sitio oficial [vínculo en inglés] de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional una nota de una Asociación de Procesadores de Negocios de Las Filipinas que instaba a las empresas canadienses a "poner a Las Filipinas en sus cadenas globales de valor."

Y no es que necesiten mucho aliento para hacerlo. TVI Pacific, Telus, Bombardier, Manulife y Sunlife ya han hecho grandes inversiones en Las Filipinas a pesar del pobre récord del país en cuanto a derechos humanos. Las importaciones de Las Filipinas aumentaron en 2008 en comparación con 2007.

Mientras las autoridades filipinas y los intereses comerciales de ese país sean recompensados económicamente por la represión a activistas laborales y de derechos humanos, los abusos continuarán y aumentarán. Quebrar esa pauta no significa necesariamente terminar con el comercio o las inversiones de las empresas canadienses. Lo que sí requiere, sin embargo, es una condena firme y pública tanto del gobierno canadiense como de los inversores canadienses y penalidades concretas y progresivas si el gobierno filipino no hace nada para parar la violencia.

Más que nada, el triunfo de la impunidad depende del silencio general. Romper ese silencio no debe ser dejado sólo a la OIT o a organizaciones locales de derechos humanos. Si los canadienses están dispuestos a compartir los beneficios del comercio y la inversión en Las Filipinas, debemos también compartir la responsabilidad de proteger los derechos y la integridad física de los trabajadores y las comunidades que hacen posible estos beneficios.