05-06-2009

La lucha por los derechos de las trabajadoras y trabajadores en Las Filipinas enfrenta numerosos desafíos. Amenazas, violencia, arrestos y asesinatos de sindicalistas y defensores de los derechos humanos y laborales son algo común, tolerado por las autoridades y realizados por la policía y fuerzas de seguridad. Junto con la represión violenta del disenso, las trabajadoras y trabajadores de las zonas francas también enfrentan esfuerzos concertados para impedir la organización sindical y para mantener los salarios bajos, con lo que el gobierno trata de atraer inversiones de multinacionales extranjeras.

La crisis económica global ha hecho aún más difícil la situación, dado que la caída de la demanda añade presión sobre las y los trabajadores que siguen empleados para que acepten menores salarios y reducción de beneficios. La OIT estima que entre octubre de 2008 y febrero de 2009 más de 80 000 trabajadoras y trabajadores fueron despedidos en Las Filipinas y alrededor de 5 000 trabajadores filipinos en el extranjero han sido repatriados.

La RSM habló recientemente con Cecille Tuico, investigadora y organizadora del Centro de Asistencia al Trabajador (WAC por sus siglas en inglés),  sobre la situación de los derechos laborales en Las Filipinas y cómo la crisis está afectando a trabajadoras y trabajadores.

El WAC es una organización no gubernamental independiente que ayuda a los trabajadores a organizarse en las zonas francas en las provincias de Cavite y Batangas. Las zonas francas son áreas industriales designadas para el ensamblaje/manufactura de mercancías para exportación, que están exentas de tarifas e impuestos con el fin de atraer inversión extranjera.

Según Cecille, miles de trabajadoras y trabajadores han sido despedidos en las zonas francas de Cavite y Batangas como resultado de la crisis económica. Muchas empresas directamente han cerrado, la mayoría de ellas en las industrias de la confección y electrónica donde se emplea con frecuencia a mujeres.

Las cifras exactas son difíciles de conseguir porque "las empresas dentro [de las zonas francas] operan en un ambiente cerrado donde ni aún los gobiernos locales pueden interferir; tienen sus propias leyes, su propia policía y seguridad, todo lo cual crea una situación en la que pueden controlar a todos los trabajadores dentro," dice Cecille.

Según Cecille, los trabajadores de las zonas francas trabajan generalmente al menos 12 horas por día sin pago extra, y a veces reciben un pago aún por debajo del salario mínimo. Por otra parte "fuera de las zonas francas se paga a los trabajadores al menos el salario mínimo e incluso más y, por supuesto, trabajan sólo ocho horas, después de las cuales se les paga tal y como estipula la ley," dice.

Las prácticas en las zonas francas son ilegales pero difíciles de combatir ya que con frecuencia no se informa y porque los defensores de los derechos laborales como Cecille no tienen acceso a las trabajadoras y trabajadores dentro de las zonas.

Para superar este obstáculo, el WAC desarrolla su tarea organizativa en las comunidades, buscando a trabajadoras y trabajadores en las casas de alojamiento y dormitorios donde viven.

"Pero esto es difícil porque los dueños de los dormitorios no quieren que ellas hablen con nosotras si saben que estamos organizándolas en sindicatos," dice Cecille. "Les preocupa que si las  y los trabajadores forman sindicatos las fábricas podrían cerrar y amenazar sus medios de vida," añade.

En base a encuestas diarias que ha venido haciendo el WAC con trabajadores, estiman que 11 500 trabajadoras y trabajadores en Cavite y Batangas han sido afectadas negativamente por la crisis económica. Intel, una empresa transnacional de electrónica, basada en EE. UU., anunció recientemente que cerrará sus operaciones en Cavite, demoliendo de hecho sus fábricas en el proceso, con el argumento de proteger secretos de la empresa. El WAC estima que estos cierres afectarán a

4 000 trabajadoras y trabajadores, un golpe devastador para la provincia ya en dificultades.

En lugar de enfocarse en los problemas causados por la crisis, Cecille dice que el WAC está usando la crisis como una oportunidad para educar a trabajadoras y trabajadores sobre sus derechos legales al pago de indemnización, y para ofrecerles apoyo legal y capacitación adicionales.

Irónicamente, Cecille piensa que la crisis de hecho ha dado un empuje a la organización de  trabajadoras y trabajadores en la región. Al preocuparse más de perder sus trabajos, dice, estos han comenzado a ver la formación de sindicatos como una forma de garantizar sus derechos de pago de indemnización que, aunque son  requeridos legalmente, raramente se pagan.

Pero Cecille advierte que el garantizar el pago de la indemnización no es el propósito primario de un sindicato. Advierte también que tratar de formar un sindicato cuando una empresa ha cerrado o se está preparando para hacerlo,  muchas veces acaba siendo  demasiado tarde para garantizar a trabajadoras y trabajadores salarios apropiados y sus derechos a beneficios.

La represión a los defensores de los derechos laborales, junto con los desafíos económicos que el país - y el WAC - enfrentan, hace que estos tiempos sean realmente difíciles.

Ahora más que nunca hace falta la solidaridad internacional de organizaciones como la RSM y sus simpatizantes, con el fin de enfrentar estos desafíos y permitir que el WAC continúe su tarea en las bases.