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Marcas de indumentaria desafían la contratación a corto plazo en Perú

19-06-2013

Una carta abierta, firmada por  seis empresas internacionales de indumentaria y dirigida al gobierno del Perú, creó un agitado debate público en ese país sobre las  propuestas de derogar tres artículos de una ley de “emergencia”, promulgada décadas atrás, que permite a los empleadores del sector de confecciones y textiles para exportación contratar trabajadoras(es) bajo contratos consecutivos de corto plazo.

El Decreto de Ley 22342 ha sido utilizado por empleadores peruanos para negarle a las trabajadoras(es) estabilidad laboral, derechos de antigüedad y otras prestaciones, acceso a cobertura de salud y pensiones, y su derecho a organizarse y negociar colectivamente.

La carta conjunta firmada por New Balance, Nike, PVH Corp (dueña de las marcas Tommy Hilfiger y Calvin Klein), VF Corporation (dueña de las marcas Wrangler, Lee’s, North Face, Nautica y Timberland), 47 Brand, y Life Is Good, hace un llamado al gobierno peruano para que “demuestre su apoyo decidido a la inclusión y a condiciones de trabajo dignas, apoyando la derogación de las disposiciones del DL 22342.” La RSM colaboró con las empresas para elaborar la carta.

La Asociación Trabajo Justo también presentó una carta al gobierno peruano apoyando la derogación de las disposiciones que permiten contratos de corto plazo consecutivos.
Uno de los principales diarios del país, La República, elogió la carta conjunta en un editorial, llamándola “una demostración poderosa de los principios éticos que las empresas internacionales están desarrollando ahora, como resultados de sus políticas de RSE.”

La editorial mencionó también que el régimen laboral para el sector exportador “impide el ejercicio de la libertad de asociación y mantiene a decenas de miles de mujeres y hombres bajo contratos de corto plazo, aun cuando su trabajo es de naturaleza permanente.

La industria contraataque

A pocos días de darse a conocer la carta, la Asociación de Exportadores de Perú (ADEX) se lanzó al ataque, declarando que las manufactureras peruanas cumplen con todos los estándares laborales y generan trabajo decente,  acusando que era “inapropiado que representantes de estas empresas interfieran en la política interna del Perú.”

A esa  declaración le siguió una carta al presidente del Perú, firmada por ADEX y otras cinco asociaciones de la industria, incluyendo la Cámara Estadounidense de Comercio de Perú, argumentando que el derecho a contratar trabajadoras(es) con contratos de corto plazo consecutivos es esencial para crear empleo en Perú, y acusando a los sindicatos estadounidenses de coordinar la carta de las marcas para socavar la competitividad del Perú.
La carta de los industriales fue seguida de comentarios públicos del Ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, José Luis Silva (quien, no por coincidencia, es el ex presidente de ADEX) repitiendo palabra por palabra la línea de la industria.

Apoyo a la derogación

El congresista Javier Diez Canseco Cisneros, respondió en su propia editorial llamando a Silva “mentiroso” y señalando que la propia revisión técnica del Ministerio de Trabajo había concluido que la ley impacta negativamente al derecho a la libertad de asociación. Acusó que la ley “sirve sólo para defender los privilegios de un pequeño sector de la industria textil, que incluye a las empresas más rentables del país.”

Las federaciones sindicales peruanas, FNTTP (Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú), CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú) y la FTTP (Federación de Trabajadores en Tejidos del Perú), continúan presionando al Congreso para que derogue el régimen de contratación a corto plazo en el presente periodo de sesiones del parlamento.
Según las federaciones sindicales, la carta “representa un gran apoyo para las trabajadoras(es) en su lucha por la derogación de un régimen laboral especial injusto.”

Sin embargo, al momento de esta edición, el movimiento para derogar la ley sigue enfrentando una ardua batalla. El Ministerio de Trabajo peruano declaró a los medios que por la crisis económica no es el momento adecuado para cambiar el régimen de contratación de corto plazo, señalando que la lucha está lejos de ser ganada.

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